El tsunami judicial que, según la derecha, iba a suponer el caso 8-M ha resultado una simple marejada. Llena de ruido, eso sí. Después de acumular más de 3.000 folios de instrucción en tres meses; de encargar informes a la Guardia Civil y a un forense médico; de solicitar ingente cantidad de documentación a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de la capital, al Ministerio de Sanidad y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES); de citar a declarar a una veintena de testigos (funcionarios y promotores de manifestaciones); y de llamar como imputado al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, en medio de una gran expectación mediática, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha decidido archivar la causa. “No hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos a Franco”, dice el auto dictado este mismo viernes.

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