Hace un par de días mi hija me trajo una hoja para que, como padre, autorizara la publicación del uso de imágenes y vídeos que se iban a realizar en el instituto. Hasta ahí ningún problema. El problema surgió cuando empecé a leer que se solicitaba ese permiso “para herramientas administradas por el centro” y “para otras que no administraba el centro” tal y como se muestra en la siguiente imagen.

No sé si éste es un documento oficial del Departament d’Ensenyament que se reparte en todos los centros educativos catalanes pero, más allá de que lo sea, es totalmente ILEGAL. Un centro educativo no puede gestionar alegremente los datos de su alumnado y cederlos, salvo que haya un convenio entre la empresa que ofrece el producto/servicio y la administración. ¡Joder, que hasta piden “otras aplicaciones” para cajón de sastre y poder usar lo que les dé la gana! Y este caso concreto, en el que yo como padre me hallo implicado, me permite hacer una breve disertación acerca del uso de las herramientas TIC. Especialmente acerca de las plataformas que ofrecen determinados servicios y la alegría con el que algunos docentes las usan. Ya, lo sé… también me sorprende el silencio cómplice de muchas familias porque hay padres a los que no les importa que los datos de sus hijos se cedan a Twitter, Facebook o Instagram y marcan, muy alegremente, las cruces en esa cesión de datos (con las futuras repercusiones de los mismos).

A ver, a estas alturas del post que no me venga nadie a decir que… “es que nuestros/sus hijos tienen móvil y ya cedemos datos a Google” o “publicamos fotos familiares en Facebook”. Por favor, estamos hablando de contextos educativos y que, como padres (seáis docentes o no) hagáis un mal uso de los datos de vuestros hijos, no implica que deba hacerse en el ámbito educativo. La educación es para formar e informar. Y la competencia digital, dentro de la cual se halla todo este tipo de asuntos, es clave en el siglo XXI. Sí, he dicho siglo XXI. A autolapidarme.

Como docentes tenemos miles de herramientas en la red. Hay muchas menos ofertadas por las administraciones educativas pero, en ocasiones sorprende ver como, por motivos ignotos, alguien no usa una herramienta “supuestamente blindada a nivel de protección de datos por la administración”  y se dedica a trapichear los datos de su alumnado por el Far West 2.0. Y no estoy hablando de software libre. Hay software libre que, en determinadas herramientas online gestionadas por terceros, también usa “malamente” los datos del alumnado. El debate es mucho más amplio que quién ofrece la herramienta. El debate es acerca de qué hacen con la herramienta y quién debe permitir que los que estén detrás de la herramienta tengan datos de qué. No sé si me explico pero, al haber perdido la tónica de escribir más habitualmente, estoy perdiendo la agilidad. Bueno, nunca la he tenido pero antes las incoherencias se podían más o menos justificar.

Si un día viene alguien (léase familias o directamente un papel del juzgado), algunos van a descubrir, de la forma más amarga posible que, quizás ese Far West en el que parece que todo vale, no es tan salvaje y existen unas reglas. El sheriff, salvo en las películas, en la vida real tiene mucho más poder que el que algunos quieren otorgarse al hacer lo que les da la gana, creyendo erróneamente que puede hacerse lo que uno quiera porque nadie va a exigirles nunca responsabilidades. Ahora ya no estamos en época de confinamiento donde, por necesidades y urgencia, se hacía la vista gorda en muchas cosas. Ahora estamos en un momento en el que los docentes y lo que hacen con su alumnado vuelve a estar bajo el punto de mira. Y, en este caso no lo veo mal porque, ¿realmente a alguno de los que usáis determinadas herramientas con vuestro alumnado os gustaría que alguien hiciera una foto de vuestro hijo en la calle, fotografiara un examen que se le ha caído y, con detalles que permiten identificarlo, las subiera a internet incluso que fuera para consumo privado? Pues eso.

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