Las plataformas para el estudio online eran herramientas que, progresivamente, iban ganando protagonismo en las metodologías de colegios, universidades y demás centros educativos. Sin embargo, la aparición del Covid19 ha acelerado de manera drástica esa tendencia, haciendo que estos sistemas pedagógicos digitales —hasta entonces subsidiarios o complementarios— se conviertan en vectores imprescindibles a través de los que impartir las enseñanzas.

En momentos en los que las clases presenciales están prohibidas o limitadas por las autoridades sanitarias, estas herramientas dan a los alumnos acceso a los contenidos preparados por el personal docente, les permiten asistir a las clases remotamente, comunicarse con los profesores y entre ellos, entregar tareas, realizar trabajos y actividades, y por supuesto, ser evaluados.

Habida cuenta de que son millones los estudiantes que se han visto obligados a hacer uso de este tipo de plataformas, y sin olvidar las ventajas y las posibilidades que pueden ofrecer si son utilizadas de manera adecuada, cabe preguntarse si estas aplicaciones y sus creadores garantizan la seguridad de las mismas y la privacidad de sus usuarios.

No es poca la información que estos sistemas pueden recabar de los menores. Desde su nombre y apellidos, su edad y su curso, hasta su código postal y su dirección, o la identidad y relación de sus padres. Pero no solo eso, las aplicaciones pueden tener, además, acceso a la ubicación y al tipo de dispositivo que se está utilizando, a las comunicaciones entre alumnos y entre profesores y alumnos, pueden acceder a los trabajos y actividades realizadas por los estudiantes y a sus evaluaciones, e incluso pueden determinar el nivel de atención que presta un alumno durante una clase a distancia a través de dispositivos asociados a las aplicaciones como son la webcam o los micrófonos del ordenador.

Esto puede proporcionar una información muy valiosa para las empresas que ofertan estos servicios (Google, con su Google for Education, y Microsoft, con Office 365, son algunos de los principales jugadores del sector, al ofrecer plataformas potentes e intuitivas que ofrecer una gran cantidad de prestaciones). Lo son porque pueden recabar datos que resultarían muy atractivos para determinados anunciantes, que podrían dirigir publicidad personalizada según los intereses y las fortalezas —o las debilidades— de los estudiantes, y también para algunos contratantes que, con esta información, tendrían una información específica y precisa muy útil para tomar decisiones relativas a la contratación de personal.

¿Tiene el alumno faltas de ortografía? ¿Qué nivel socioeconómico tiene su familia? ¿Se le dan bien las matemáticas o la geografía? ¿Tiene cultura general? ¿Es respetuoso en sus comunicaciones con sus compañeros y profesores? ¿Sufre acoso o es acosador? ¿Qué capacidad de concentración tiene? Todas estas son preguntas que las herramientas de las que hablamos podrían determinar sin demasiados problemas.

El tema aquí es que, en muchos casos, ni los usuarios ni los progenitores saben realmente a lo que se exponen consintiendo en la utilización de estos medios. Por un lado, no tienen la información suficiente para conocer qué uso se dará a esos datos en el futuro. Por otro, de alguna manera, no tienen una libertad plena en la decisión porque impedir el uso de las interfaces podría tener consecuencias negativas en la educación de sus hijos. En este sentido, las decisiones que llevan a los padres a lanzarse a permitir el uso de sistemas como los mencionados de Google o Microsoft surgen de decisiones poco informadas o sesgadas.

Incluso la seguridad de las plataformas no está completamente contrastada y hay que ser conscientes de la sensibilidad de los datos que en ellas se incluye, por lo que hay que exigir que todo este tipo de herramientas se utilicen siempre en grupos privados (sin acceso público) y se recomienda encarecidamente utilizar tecnologías como VPNs para asegurar que las comunicaciones no se vean expuestas.

Quizás por ello están surgiendo cada vez más iniciativas propias que, basadas en ideales de trasparencia e independencia, pretenden garantizar el uso seguro de este tipo de herramientas y reducir la dependencia con respecto a las grandes multinacionales extranjeras que ofrecen los programas. Estos nuevos proyectos buscan resolver las necesidades de docentes y estudiantes que están surgiendo en esto tiempos tan particulares sin renunciar a la privacidad de las comunicaciones. Para ello, debe exigirse que las plataformas sean de código abierto, que permitan auditorías sin limitaciones y, en su caso, que pertenezcan o sean controladas por las administraciones públicas competentes.

Aunque la mayoría de las nuevas iniciativas que avanzan en este sentido no cuenten aún con la potencia, la facilidad de uso y las prestaciones de los grandes oferentes, la inversión en este sentido estaría más que justificada con el fin de garantizar principios tan básicos como la libertad y la privacidad de alumnos y estudiantes. O en su defecto, las administraciones centrales y los gobiernos deberían garantizar estos derechos obligando al estricto cumplimiento de requisitos de cifrado, localización de servidores y uso legítimo de datos por parte de las corporaciones que ofrezcan las herramientas.

A través de ese mínimo nivel de protección, de auditorías y revisiones frecuentes, y también de una correcta información a los padres y usuarios con el fin de que todos aprendan a establecer configuraciones seguras y puedan hacer uso de las plataformas sin poner en riesgo su privacidad, estaremos sentado las bases para una educación digital de calidad, segura y con todas las garantías.

Este post fue publicado primero en Educación 2.0