En puntos clave, el “nuevo acuerdo educativo” (y como en 2012, redactado sólo entre la SEP y partidos), que sobre el artículo tercero se presentará próximamente no es ya la iniciativa que envió al Congreso el presidente López Obrador en diciembre del año pasado. Hay cambios que resultan de un esfuerzo por lograr los votos para aprobar en la cámara un acuerdo en donde, según el actual secretario Moctezuma, “todos tienen que ceder un poco, porque todos van a obtener bastante de esta reforma” ( La Razón, 14/03/18). Sin embargo, el resultado de este intento de complacer a otros partidos y posturas ideológicas históricamente hostiles a los maestros y a la orientación de educación surgida de los movimientos sociales, sólo representa ganancias para los que fracasaron en la elección y, paradójicamente, una pérdida, una regresión sustancial en los derechos de las y los maestros y jóvenes.

Un ejemplo de esta regresión –otro sería la investigación– es la transformación de la propuesta original de López Obrador en el tema del derecho a la educación para las y los jóvenes en el nivel superior. Muy de acuerdo con lo que corresponde al nivel constitucional –los grandes principios– el texto de la iniciativa presidencial establece que la educación en ese nivel educativo también es un derecho. Sin embargo, en el texto del llamado “nuevo acuerdo” (fracción X) ese derecho se reduce porque queda sujeto a la voluntad de las instituciones. En efecto, “la obligatoriedad en la educación superior corresponde al Estado el cual ofrecerá oportunidades de acceso a este tipo educativo para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones.” Además de que se abre la puerta para que el Estado tenga que proveer de becas a estudiantes de escuelas privadas, hay que tener en cuenta que en muchas instituciones el examen de selección es un requisito. Con esto, un instrumento de selección clasista que, antes no tenía sustento legal, ahora, por ser un requisito, pasa a tener rango constitucional. Y entonces desde la Constitución se fortalece la tendencia neoliberal a restringir el acceso a la educación superior. Este es un ejemplo también del riesgo que representa colmar un artículo de la ley suprema con procedimientos y disposiciones administrativas –que corresponden a leyes secundarias–, lo que hace difícil percibir todas sus implicaciones.

Hugo Aboites*

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